Principales expertas/os en derechos humanos piden la implementación atrasada de las Reglas de Bangkok de la ONU, una década después de su adopción

Ginebra/ Banjul/ Estrasburgo/ Washington DC, 10 diciembre 2020 –Diez años después de la adopción de las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (las Reglas de Bangkok/A/RES/65/229), un grupo de expertas/os en derechos humanos con mandatos sobre la detención y los derechos de las mujeres* hace un llamado conjunto a todos los Estados y las partes interesadas pertinentes a tomar medidas urgentes para implementar las Reglas de Bangkok a fin de proteger los derechos de las mujeres encarceladas y las que cumplen condenas no privativas de la libertad.

Las Reglas de Bangkok de la ONU buscan reducir el encarcelamiento de mujeres en todo el mundo y promover alternativas no privativas de libertad al encarcelamiento, diseñadas para cumplir las necesidades de las mujeres y abordar las causas detrás de sus delitos. Sin embargo, diez años después de su adopción, la población carcelaria mundial de mujeres ha aumentado de manera significativa, y las mujeres detenidas enfrentan aún más dificultades y riesgos para sus derechos humanos a medida que continúa la pandemia del COVID-19. Se estima que ahora hay 740.000 mujeres y niñas en prisión en todo el mundo.

El aumento en el número de mujeres encarceladas es el resultado de una serie de factores, incluyendo los enfoques punitivos para delitos no violentos de bajo nivel, que con frecuencia están vinculados a la pobreza, las duras políticas de drogas que resulten en el encarcelamiento excesivo de mujeres, y la criminalización de comportamientos como adulterio, apostasía y homosexualidad. Las Reglas de Bangkok reconocen que algunas mujeres que entran en conflicto con la ley no representan un riesgo para la sociedad y su encarcelamiento puede dificultar su reintegración social.

El encarcelamiento de mujeres afecta a la niñez, las familias y las sociedades. El estigma que enfrentan las mujeres que han sido detenidas, junto con la pérdida de ingresos, vivienda o la custodia de sus hijos, hace que muchas mujeres sean liberadas de la detención y se encuentran sin hogar y con menos oportunidades de encontrar empleo. Las mujeres a menudo son detenidas en lugares alejados de sus hogares, lo que dificulta mantener las conexiones familiares y la reintegración a la comunidad una vez liberadas. Las y los hijos de madres encarceladas también se enfrentan frecuentemente al estigma y la discriminación, y quienes viven con su madre en la cárcel se enfrentan a riesgos particulares, tanto en la detención como tras la separación a una determinada edad.

Múltiples y continuos reportes de discriminación y violencia sexual y de género contra mujeres sospechadas, acusadas y detenidas son motivo de extrema preocupación y pueden equivaler a malos tratos o incluso tortura. Muchas de las disposiciones de las Reglas de Bangkok se basan en el hecho de que la violencia contra las mujeres tiene consecuencias específicas para su contacto el sistema de justicia penal y su derecho de ser libres de victimización mientras estén detenidas. La seguridad física y psicológica es fundamental para garantizar los derechos humanos y mejorar los resultados de las mujeres que entran en conflicto con la ley.

Este año surgió una tendencia preocupante con respecto al impacto negativo de las medidas de respuesta al COVID-19 en los sistemas de justicia penal sobre las mujeres. Las mujeres y las niñas representan en promedio solo entre el 2 al 9% de la población penitenciaria nacional y, en muchos casos, han sido invisibles en las respuestas ante el COVID-19. La pandemia ha exacerbado las barreras existentes para que las mujeres mantengan su salud y bienestar en muchos países. La suspensión de las visitas en la mayoría de los sistemas penitenciarios ha impedido que las familias y otras redes de apoyo lleven suministros básicos como artículos sanitarios y alimentos complementarios para proporcionar una nutrición adecuada a las mujeres en prisión, incluidas las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Las restricciones de movimiento también han impedido el acceso a la atención de salud materna y otros servicios y apoyos vitales. También nos preocupa el impacto en la salud mental de las mujeres de las medidas tomadas en respuesta al COVID-19, dado que una alta proporción de mujeres en prisión tienen mala salud mental.

Acogemos con beneplácito los numerosos esfuerzos realizados durante la última década para aplicar las Reglas de Bangkok, incluso por parte de varios Estados, y aplaudimos el trabajo de personas defensoras, la sociedad civil y los órganos intergubernamentales para dar vida a las Reglas de Bangkok mediante la investigación, el apoyo práctico a las mujeres en el sistema de justicia penal, la orientación sobre la aplicación de las Reglas y el apoyo a los Estados que trabajan para su implementación. Sin embargo, las buenas prácticas identificadas para proteger los derechos humanos de las mujeres en los sistemas de justicia penal deben replicarse, ampliarse y ponerse a disposición de todas las mujeres y niñas que entren en contacto con el sistema de justicia penal.

Diez años después de que la Asamblea General de la ONU adoptara las Reglas de Bangkok, para complementar las Reglas Nelson Mandela, al brindar orientación sobre un enfoque específico de género en el tratamiento de las reclusas y para abordar el aumento de la población carcelaria de mujeres en todo el mundo, hacemos un llamado conjunto a los Estados a implementar plenamente las Reglas de Bangkok. De manera más urgente y específica, pedimos la implementación de las siguientes medidas clave:

- Canalizar a las mujeres que cometen delitos menores afuera de los procesos judiciales formales y hacia la resolución por parte de órganos no judiciales, particularmente durante la pandemia del COVID-19;

- Proporcionar respuestas comunitarias a los delitos cometidos por mujeres, que usen un enfoque de género y de cuidado informado por el trauma, y abordar las causas estructurales que contribuyen al encarcelamiento de las mujeres;

- Promover medidas específicas de género como parte integral de las políticas nacionales de prevención del delito, justicia penal y tratamiento de delincuentes, incluyendo la rehabilitación y reintegración de las mujeres delincuentes en la sociedad;

- Al condenar a las mujeres, tener en cuenta factores atenuantes como la falta de antecedentes penales, la no gravedad relativa y la naturaleza del delito, el historial de vida incluyendo cualquier experiencia de violencia, y las responsabilidades de cuidado, y priorizar las penas no privativas de la libertad, y asegurar que las niñas y mujeres jóvenes menores de 18 años sean detenidas solo como medida de último recurso y durante el período más breve posible;

- Asegurar que las medidas relacionadas con el COVID-19 se evalúen y ajusten para las mujeres mediante la recopilación de datos desglosados y los reportes sobre los efectos específicos de género del COVID-19 en las mujeres en los sistemas de justicia penal. Incluir a las mujeres en los programas de liberación anticipada o alternativos como parte de las respuestas al COVID-19. Asegurar que cualquier cambio en los regímenes de detención, incluyendo el aislamiento y los límites al contacto con el mundo exterior, tenga en cuenta los impactos específicos sobre las mujeres;

- Abordar y ampliar urgentemente la prestación de atención médica a las mujeres en prisión, incluyendo la atención médica preventiva, como las pruebas de COVID-19 y la detección del cáncer de mama, la atención prenatal y posnatal y la atención de la salud mental;
- Revisar y ajustar la legislación y las prácticas nacionales para garantizar que las mujeres puedan acceder al más alto nivel posible de salud, incluyendo el pleno ejercicio de sus derechos reproductivos sin temor a ser criminalizadas;

- Revisar y ampliar de manera significativa las respuestas a las necesidades de salud mental de las mujeres en prisión. Encaminar esfuerzos específicos para mitigar los impactos negativos en la salud mental de las medidas de COVID-19 para las mujeres detenidas, incluso trabajando con servicios comunitarios; y

- Garantizar la plena participación de mujeres y niñas en todos los planes de respuesta a crisis y recuperación del sistema de justicia penal.