Implementación, seguimiento y examen de la Agenda 2030

Cuando las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, se comprometieron a esforzarse por lograr un mundo guiado por los derechos humanos, que fuera justo, equitativo e inclusivo, sin miedo ni violencia. La agenda promueve el crecimiento económico sostenido, el desarrollo social y la protección ambiental para todos, pero también aspira a brindar a niñas, niños y jóvenes un entorno propicio para la plena realización de sus derechos y capacidades.

Además de ser un ambicioso plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, la Agenda pone en el centro las cuestiones del maltrato, el descuido y la explotación infantiles, y se fija por primera vez una meta mundial concreta (la meta 16.2) para poner fin a todas las formas de violencia contra los niños.

Garantizar el derecho de los niños a ser protegidos de la violencia es un aspecto fundamental de la Convención sobre los Derechos del Niño. La implementación de la Agenda 2030 ofrece una vía para hacer realidad esa visión del mundo que todos compartimos.

Sin embargo, año tras año, millones de niñas y niños en todas las regiones del mundo son víctimas de violencia sexual, física y emocional, y varios millones más se exponen a correr la misma suerte. Según los cálculos más recientes, todos los años más de 1.000 millones de niños (la mitad de la población infantil del planeta) son víctimas de la violencia. Pero incluso si solo uno la sufre es demasiado.

La violencia compromete los derechos de la infancia. Además, se asocia frecuentemente con la precariedad del estado de derecho y una cultura de impunidad, y pone en peligro el progreso social y el desarrollo humano. Varios informes, estudios y meta-análisis han demostrado los efectos de la violencia en la infancia a corto y largo plazo. Sus consecuencias a menudo son irreversibles, pues impiden el desarrollo óptimo del cerebro en niños menores de 1 año y adolescentes, además de comprometer su bienestar. Las niñas y niños que han sido víctimas de malos tratos y descuido son más propensos a experimentar dificultades en el aprendizaje y a obtener malos resultados en la escuela, llegando en ocasiones a abandonar los estudios. Es posible que estos niños muestren baja autoestima y depresión, lo que, en el peor de los casos, puede dar lugar a comportamientos de riesgo y autolesiones, el deterioro de las relaciones, la exclusión social y la participación en actividades delictivas. Diversos estudios e informes han vinculado la violencia durante la infancia con un mayor riesgo de sufrir efectos negativos de índole sexual, como explotación sexual, promiscuidad sexual, violación (como víctimas o como autores), embarazos no deseados y el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. La experiencia de la violencia durante la infancia se ha asociado, entre otras, a varias enfermedades no contagiosas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes y la adicción al tabaco, el alcohol y las drogas.

Los testigos de la violencia pueden sufrir problemas parecidos. Los niños criados en hogares o comunidades donde la violencia está presente suelen interiorizar este tipo de comportamientos como medio para resolver cualquier desavenencia, y repiten el patrón de violencia y maltrato durante la adolescencia y posteriormente, ya entrados en la edad adulta, con su propia pareja y sus hijos.

Aparte de sus efectos devastadores a nivel individual y familiar, la violencia contra los niños tiene un notable costo económico y social, y en muy poco tiempo puede echar por tierra avances en materia de desarrollo logrados a lo largo de décadas. La violencia socava las inversiones que realizan las sociedades en la educación y la salud de la infancia, y en la promoción de la igualdad y el empoderamiento de género. También genera costos considerables en el presupuesto de los sistemas de justicia penal, salud y servicios sociales, a la vez que erosiona el tejido de las economías locales debido a las pérdidas de productividad y capital humano que ocasiona. Las repercusiones económicas a nivel mundial y las costosas consecuencias de la violencia física, psicológica y sexual contra los niños se cifran en torno a los 7 billones de dólares, el equivalente al 8 % del PIB mundial.

En su mayoría, los niños y niñas expuestos a la violencia sufren en silencio, solos y atemorizados, y a menudo se les deja atrás en lo que respecta al acceso a los cuidados y la ayuda que necesitan para superar el trauma, recobrar la confianza y la esperanza en el futuro, y desarrollar plenamente su potencial. Muchos ni siquiera saben a dónde deben dirigirse para pedir ayuda, o no pueden hacerlo dada su corta edad y su dependencia de otras personas, especialmente cuando el autor de la violencia es un familiar, cuidador, enseñante o cualquier individuo responsable de su protección y bienestar.

Según las encuestas de hogares llevadas a cabo en varios países sobre la violencia contra los niños, más del 25 % de las mujeres y del 10 % de los hombres afirmaron haber sufrido violencia sexual en la infancia; sin embargo, los niños que solicitaron algún servicio a consecuencia de los malos tratos recibidos fueron pocos y no siempre fueron atendidos. En la mayoría de los países en que se llevaron a cabo esas encuestas, el porcentaje de víctimas que recibieron ayuda de cualquier tipo, incluidos servicios de salud y protección infantil, fue inferior al 10 %, lo que significa que la inmensa mayoría de ellas quedan aisladas y desatendidas. No obstante, es posible subsanar esta falta de cuidados y atención para las víctimas infantiles de la violencia que han quedado atrás adoptando soluciones cuya eficacia ha quedado demostrada.

La Agenda 2030 debe implementarse de conformidad con las obligaciones jurídicas contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional. En lo que respecta a la meta 16.2, esto implica ajustar las medidas que vayan a tomarse a las normas de derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. En cuanto a la protección infantil contra la violencia, solo podrá lograrse un verdadero cambio si los países se toman en serio la implementación de la Agenda y persiguen este objetivo incansablemente a nivel nacional.

De hecho, el valor y éxito de la Agenda 2030 se medirá en función de los progresos tangibles que se produzcan en su implementación sobre el terreno, especialmente entre los niños que hayan quedado más atrás, los más invisibles y olvidados, pues son ellos quienes a menudo están más expuestos al riesgo de violencia, maltrato y explotación. Es urgente promover la adopción y aplicación de una estrategia nacional de desarrollo sostenible amplia y coherente que cuente con recursos predecibles; se base en pruebas irrebatibles y datos sólidos, fiables y desglosados; y cuyos avances se examinen periódicamente mediante evaluaciones abiertas e inclusivas y conforme a parámetros convenidos internacionalmente.

Para lograr la meta 16.2 se parte de una base muy sólida, como quedó demostrado con el proceso de diez años durante el cual se llevaron a la práctica las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas. En todas las regiones, son cada vez más los Estados que han puesto en marcha iniciativas de sensibilización y movilización social sobre este tema y que han introducido sólidas leyes y planes de acción nacionales para prevenir la violencia y responder a ella, además de diversos mecanismos de recogida y análisis de datos que permiten mejorar la planificación, la formulación de políticas y la toma de decisiones presupuestarias, así como el seguimiento y la evaluación. Poco a poco, se están reforzando los sistemas de protección infantil; un creciente número de profesionales que trabajan con niños y para niños están recibiendo capacitación para detectar los primeros indicios de violencia, prevenir estos incidentes y responder a ellos, y también para actuar teniendo en cuenta los testimonios y experiencias de los niños; cada vez más niños y familias acceden a servicios de orientación y de asesoramiento y representación jurídicos para obtener reparación y lograr su recuperación y reintegración.

Del mismo modo que la toma de conciencia a escala mundial sobre la magnitud de la violencia que sufren los niños ha aumentado a ritmo acelerado en todo el mundo durante la última década, también disponemos de más pruebas multisectoriales que demuestran que esta violencia se puede prevenir. Gracias a los rápidos avances en la aplicación de las recomendaciones generales del Estudio de las Naciones Unidas, el cambio está al alcance de la mano. Para prevenir la violencia contra los niños y responder eficazmente a ella, ha sido fundamental formular estrategias nacionales globales en esta materia; promulgar y aplicar normas jurídicas que prohíban explícitamente todas las formas de violencia para proteger a la infancia; recoger, analizar y utilizar datos correctamente desglosados sobre la exposición de los niños a la violencia; poner fin a la aceptación social de la violencia; enseñar habilidades de parentalidad positiva; ayudar a niñas y niños a sentirse empoderados y a desarrollar sus competencias sociales y emocionales; facilitar el acceso universal a servicios de salud, protección y apoyo de calidad; y tratar los factores que influyen en los niveles de violencia y la resiliencia de los niños, sus familias y sus comunidades.

Actualmente, los países están llevando la nueva agenda a la práctica, y el proceso de examen y seguimiento de su implementación ofrece una oportunidad única para lograr avances tangibles en el cumplimiento de los ODS. El foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, que es la plataforma central de las Naciones Unidas responsable del seguimiento y examen de la Agenda 2030 a nivel mundial, ha celebrado su primera sesión con objeto de analizar los exámenes nacionales voluntarios presentados por 22 países y los logros alcanzados en las distintas áreas temáticas. Los exámenes nacionales ofrecen una oportunidad estratégica para destacar las buenas prácticas, determinar cuáles son los problemas y las lecciones aprendidas, y renovar el compromiso de poner fin a la violencia contra los niños y alcanzar la meta 16.2 y otras metas de los ODS relacionadas la violencia.

Los organismos y las instituciones regionales son agentes fundamentales en las iniciativas de implementación, y otros, como la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), la Iniciativa del sudeste asiático para acabar con la violencia contra los niños (SAIEVAC) y el Consejo de Europa, ya han elaborado sus nuevos planes regionales sobre la violencia contra los niños en consonancia con los ODS.

Una de las principales promesas de la Agenda 2030 es que nadie se quede atrás. La cuenta atrás para alcanzar este objetivo ha comenzado y el tiempo pasa. Es imperioso actuar con un gran sentido de urgencia. Invertir en la prevención de la violencia, proteger la vida y el futuro de los niños y ahorrar los recursos de las naciones es tiempo ganado en la cuenta regresiva para conseguir un futuro mejor para todos. La mejor forma de evitar que los niños queden atrás consiste en ponerlos en primer lugar. Ya es hora de poner fin a la violencia que afecta a millones de niños año tras año: la posibilidad de cambio es demasiado importante para que la dejemos escapar.

Marta Santos Pais
Nueva York, 28 de enero de 2016

 

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