El costo económico de la violencia contra los niños
La prevención y erradicación de la violencia contra la infancia es un imperativo ético que emana de la dignidad humana de los niños y de su derecho a ser protegidos de los malos tratos, un derecho consagrado tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos como en diversos instrumentos de derechos humanos. La ratificación casi universal de la Convención constituye un poderoso símbolo del consenso mundial en torno al principio de que la violencia, en cualquiera de sus formas, nunca se puede justificar y siempre se puede prevenir.
Al mismo tiempo, se tiene una conciencia cada vez mayor del importante costo económico de la violencia contra los niños a corto, medio y largo plazo, un precio que deben pagar los individuos, las comunidades y la sociedad. Para que niñas y niños puedan ejercer su derecho a vivir sin violencia, es preciso destinar una parte del gasto público a la protección de la infancia y a los sistemas de justicia penal responsables de proteger a este grupo de población de cualquier daño. Al mismo tiempo, es necesario invertir en programas de prevención que reduzcan el costo de la violencia para los individuos y la sociedad.
Las prioridades en materia de política social de los gobiernos tienen que competir por los escasos recursos disponibles. Para recibir la financiación adecuada, los programas de prevención de la violencia contra los niños deben demostrar un rendimiento de la inversión positivo frente a otras partidas del gasto público. Si se quiere justificar la inversión en programas de prevención, será necesario determinar el costo financiero de la inacción.
Los costos económicos de la violencia se pueden dividir, en líneas generales, en dos clases: directos e indirectos. Aunque la Organización Mundial de la Salud distingue estos dos tipos de costos respecto de la violencia en general (incluidas las lesiones accidentales), estos también se pueden aplicar al caso concreto de la violencia contra la infancia.
Los costos directos de la violencia contra los niños son más inmediatos y fáciles de cuantificar, por ejemplo:
Los sistemas de sanidad incurren en costos para tratar a corto y largo plazo las secuelas físicas de las lesiones ocasionadas por la violencia contra los niños;
Los sistemas de sanidad también incurren en costos para tratar problemas psicológicos y de comportamiento en adultos que tienen su origen en la violencia sufrida durante la infancia;
Los sistemas de asistencia social incurren en costos asociados al seguimiento, la prevención, la protección y la respuesta a la violencia contra los niños;
Los sistemas de justicia penal incurren en costos para castigar los actos de violencia contra los niños o para proteger a sus víctimas reales o potenciales.
Menos evidentes a primera vista, pero potencialmente mucho mayores, son los costos indirectos a largo plazo relacionados con las repercusiones de la violencia en los niños. Los costos indirectos más importantes son las pérdidas de productividad vinculadas a las consecuencias negativas de la violencia en el desarrollo infantil.
Los adultos que han estado expuestos a la violencia durante la infancia tienen menos estudios, oportunidades de empleo, ingresos y activos. La violencia limita de distintas maneras la formación del capital humano, y las pérdidas de productividad que provoca merman los ingresos de las víctimas y repercuten negativamente en el conjunto de la sociedad..
En niños de muy corta edad, la violencia se traduce en una exposición prolongada al estrés tóxico y una inhibición del desarrollo óptimo del cerebro. Los efectos irreversibles de la violencia en el cerebro en desarrollo de los niños pueden impedir que estos crezcan sanos y perjudicar su rendimiento académico cuando entren en el sistema escolar. Los malos resultados académicos tienen una repercusión negativa continua y prolongada en el empleo que se traduce en una pérdida de ingresos en la edad adulta. Estas pérdidas acumuladas tienen un costo económico para la sociedad.
La exposición a la violencia en etapas tardías de la infancia puede ocasionar problemas psicológicos y de comportamiento capaces de interferir en el progreso escolar de las víctimas. Estas interferencias a corto o largo plazo en la educación del niño pueden traducirse en absentismo escolar, contacto con el sistema de justicia penal o asignación a un proveedor de cuidados en un contexto no familiar en aras de su protección. Los efectos adversos de la violencia en la educación de los niños impiden que estos alcancen su pleno potencial en términos de ingresos, con el costo que ello supone para el individuo y la sociedad.
En su vertiente más extrema, la violencia contra la infancia puede resultar letal. La muerte de un niño equivale a perder todas las inversiones realizadas hasta ese momento en su desarrollo, así como los ingresos que podría haber percibido ese niño en la edad adulta, y por consiguiente tiene un costo considerable para la familia, la comunidad y la sociedad.
En los últimos años, una serie de estudios han desarrollado metodologías para tratar de calcular los diversos costos de la violencia contra los niños. Se han calculado estos costos para diferentes países y se ha tratado de obtener estas estimaciones a nivel regional y mundial.
Para cuantificar el costo de la violencia contra los niños por país, los investigadores deben decidir si tendrán en cuenta los costos directos e indirectos y qué categorías abarcarán las estimaciones.
Una de las dificultades que se plantean al realizar este tipo de estimaciones es la falta de datos sobre la prevalencia de la violencia contra los niños. Una vez estimados los costos directos e indirectos asociados a un determinado tipo de violencia en un país, para calcular el costo total será necesario determinar su prevalencia. Los datos de prevalencia se pueden obtener de los expedientes administrativos o las encuestas por muestreo. En muchos países, los sistemas encargados de recoger datos administrativos sobre la violencia contra los niños son inexistentes o deficientes. En los últimos años, se han ido perfeccionando las metodologías para realizar encuestas por muestreo sobre la violencia contra los niños y se han llevado a cabo varios estudios al respecto. Pese al creciente interés por las encuestas sobre la violencia contra los niños, el número de estudios realizados hasta la fecha es reducido.
Calcular el costo de la violencia contra los niños a nivel mundial plantea dificultades, dada la escasez de estimaciones disponibles a nivel de país. Si se quieren obtener cifras mundiales, no basta con sumar las estimaciones para los distintos países. Los investigadores pueden resolver este problema recurriendo a los distintos estudios de país para hacerse una idea del costo de la violencia en países de características similares. Así, por ejemplo, cuando no se disponga de estimaciones para un país de ingresos medianos en una región determinada, estas se obtendrán a partir del costo de la violencia estimado para otro país en la misma región y categoría de ingresos. Las cifras publicadas del costo de la violencia contra los niños a nivel mundial se obtienen sumando todas las estimaciones aproximadas.
A juzgar por las publicaciones existentes, hay muy pocos estudios de país que tengan en cuenta las repercusiones económicas de la violencia contra los niños, y la mayoría de ellos proceden de Europa, los Estados Unidos y países de ingresos medianos de la región de Asia y el Pacífico. En el anexo figura un resumen de los últimos estudios publicados a nivel nacional, regional y mundial.
A continuación, se presentan algunos de los estudios más sólidos que se han publicado hasta la fecha.ed.
Según un estudio publicado en 2007 por la iniciativa Child Abuse Prevention Research Australia, el costo anual del abuso y el abandono de niños rondaba los 4.000 millones de dólares australianos (con un límite inferior cercano a los 3.500 millones y un límite superior que excede los 5.500 millones de dólares australianos).
Los investigadores de los Centros para el Control de Enfermedades del Gobierno de los Estados Unidos calcularon que en 2008 la violencia contra los niños tuvo un costo no inferior a 124.000 millones de dólares de los EE. UU., si bien, dependiendo del supuesto de partida, esa cifra podría alcanzar los 585.000 millones.
El Consenso de Copenhague trató de cuantificar los costos directos e indirectos de la violencia contra los niños a nivel mundial. Extrapolando las cifras de una muestra de estudios de países que habían calculado el costo de todas las formas de violencia, el Consenso de Copenhague estimó el costo mundial en 9,5 billones de dólares de los EE. UU, o sea, el 11 % del PIB mundial. El costo de la violencia dirigida específicamente contra los niños, en particular los homicidios, los malos tratos y la violencia sexual, se situó en torno a los 3,7 billones de dólares de los EE. UU. o sea, el 4,3 % del PIB mundial.
La Oficina Regional del UNICEF para Asia y el Pacífico encargó un estudio sobre el costo de la violencia contra los niños con el fin de elaborar proyecciones para el conjunto de la región, basándose para ello en varios estudios de país. Utilizando 2004 como año de referencia, el estudio determinó que los costos totales ascendían a 160.000 millones de dólares de los EE. UU. o sea el 2 % del PIB de la región.
The Child Fund Alliance encargó al UK Overseas Development Institute que evaluara los costos directos e indirectos de la violencia contra los niños a escala internacional. El Overseas Development Institute publicó sus conclusiones en 2014 y calculó que las pérdidas anuales vinculadas a la violencia contra los niños rondaban los 7 billones de dólares de los EE. UU., el equivalente al 8 % del PIB mundial.
Los estudios sobre el costo de la violencia contra los niños también tratan de determinar su magnitud en función del contexto, y lo hacen basándose en el porcentaje del ingreso nacional bruto (INB) o el producto interior bruto (PIB) que representan tanto el gasto en las medidas de respuesta y prevención como las pérdidas de productividad. Una vez más, estas estimaciones varían en función del supuesto de partida, el tipo de violencia y los costos directos e indirectos que se pretende calcular. Pero, con independencia del supuesto empleado, las estimaciones más bajas a nivel nacional, regional o mundial indican que este porcentaje no es en ningún caso inferior al 2 % y probablemente sea muy superior (entre el 8 % y el 10 % del PIB). Desde cualquier punto de vista, esta violencia representa un costo enorme para la economía a nivel nacional y mundial, y obliga a desviar recursos que resultarían más productivos en otras áreas.
Para justificar la inversión en programas de prevención, el siguiente paso consistiría en comparar su costo con las pérdidas que podrían evitarse si estos programas llegaran a implementarse de manera eficaz. El estudio del Consenso de Copenhague examinó los análisis de costos y beneficios de una amplia gama de programas de prevención que habían sido objeto de riguroso examen. Según este estudio, las inversiones en iniciativas para prevenir la violencia contra los niños presentaban un rendimiento muy elevado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la relación entre el beneficio y el costo de un programa destinado a erradicar la violencia física como método para disciplinar a los niños era de 13~14, una cifra considerablemente alta tratándose de una intervención de política social.
Para que la prevención y eliminación de la violencia contra los niños ocupen un lugar preeminente entre las prioridades de políticas públicas de los países, es preciso conocer mejor la posible magnitud de las pérdidas económicas asociadas a este tipo de violencia y de los costos y beneficios de los programas de prevención. También se requiere aumentar la inversión en estudios de prevalencia basados en encuestas administrativas rutinarias y encuestas por muestreo de ámbito nacional. Una de las máximas prioridades en la fase de implementación de la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015 debería ser la creación de una base empírica más sólida que se sustente en amplios estudios sobre la carga económica de la violencia contra los niños y los ahorros que podrían lograrse mediante programas de prevención eficaces.
Marta Santos Pais
Nueva York, 13 de julio de 2015