Migración y juventud: aprovechemos las oportunidades para el desarrollo
Vivimos en un mundo globalizado, sometido a un constante cambio. La búsqueda de mejores oportunidades económicas y de un mejor estilo de vida, por un lado, y la inestabilidad política y los conflictos armados, la violencia y la discriminación, el cambio climático y los desastres naturales, por otro lado, son algunas de las razones que explican las corrientes migratorias internacionales e internas, tanto del Sur al Norte como, sobre todo, entre distintos países del Sur y en el interior de estos.
Alrededor de 214 millones de personas en todo el mundo (es decir, el 3,1 % de la población mundial) son migrantes internacionales, mientras que 740 millones de personas emigran dentro de su país. Según el Banco Mundial, alrededor de un tercio de las personas que conforman el flujo migratorio de todos los países en desarrollo son jóvenes de entre 12 y 24 años, entre los que se incluyen millones de niños menores de 18 años que migran, bien junto a sus padres, bien en solitario.
Es probable que estas cifras aumenten en los próximos años, debido a la dinámica de la población, la falta de desarrollo y de oportunidades laborales, en particular en las zonas rurales, y también los cambios ambientales: según algunas estimaciones, para el año 2050 habrá unos 200 millones de “refugiados climáticos”.
La región de África, cuya población es joven y en rápido crecimiento, se verá particularmente afectada. Las Naciones Unidas pronostican que, en el período comprendido entre 2010 y 2020, solo el segmento de la población infantil que va de los 10 a los 14 años de edad aumentará en más de 27 millones. A juzgar por las pautas actuales, muchos de estos niños y niñas crecerán en zonas rurales y, alcanzada la adolescencia, querrán migrar a otros lugares en busca de oportunidades.
La población infantil migra para huir de la violencia, a veces sufrida en el hogar o en la escuela; en otros casos, para escapar de matrimonios concertados y forzados, de la persecución por su pertenencia a una minoría dada o de algún conflicto armado. Durante el proceso de migración, estos niños y niñas siguen expuestos a un elevado riesgo de violencia, abuso y explotación, incluido el trabajo infantil.
Cuando migran en solitario, los niños y las niñas son especialmente vulnerables a la explotación, la coacción y el engaño, un riesgo que tiende a aumentar cuando tienen muy corta edad o no hablan el idioma del lugar de destino. Las niñas, en concreto, están especialmente expuestas a ser víctimas de trata, abusos sexuales y explotación.
Los datos de diversos estudios muestran que los niños y niñas que migran en busca de trabajo son particularmente vulnerables a la explotación: padecen maltrato por parte de empleadores sin escrúpulos, sufren aislamiento, condiciones de trabajo deficientes, impago de salarios y amenazas de denuncia a las autoridades y de deportación a sus países de origen.
La mayoría de las veces, la población infantil que migra cruza las fronteras sin llevar la documentación e identificación adecuadas. Con frecuencia, los inmigrantes indocumentados, tanto niños como adultos, carecen de acceso a los servicios sociales básicos, como la educación y la atención sanitaria, y a los servicios de protección que resultan necesarios no solo para combatir las formas de violencia a las que pueden verse sometidas, sino también para garantizar su recuperación y reintegración social.
Aunque ello contravenga el principio del interés superior del niño o la niña, no es infrecuente que estos sean arrestados, detenidos o encarcelados por su estatus migratorio, a veces en condiciones inhumanas y junto con adultos. Como se preceptúa en la Convención sobre los Derechos del Niño, la privación de libertad no puede ser ilegal o arbitraria, y se utilizará tan solo como medida de último recurso; en los casos excepcionales en que esté justificada, solo podrá emplearse durante el período más breve que proceda.
A pesar de su creciente número y de los vínculos innegables entre la migración, la violencia y la explotación, los niños y niñas migrantes siguen siendo en general invisibles en los debates sobre migración; y también están ausentes de las discusiones sobre el trabajo infantil y la protección de la infancia. Las respuestas normativas a este fenómeno son, en el mejor de los casos, fragmentarias, y en gran medida naufragan a la hora de proteger los derechos de los niños y niñas migrantes y de ofrecerles verdaderas oportunidades para su desarrollo personal.
La protección de los derechos de los niños y niñas migrantes es un imperativo tanto ético como legal.
En este proceso, la acción de los Gobiernos, sobre los que recae una responsabilidad primordial, debe enmarcarse en la sólida base normativa en materia de derechos humanos acordada por la comunidad internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos prohíben toda forma de discriminación y exigen a los Estados que preserven los derechos de todos los niños y niñas sujetos a su jurisdicción, ya sean nacionales, extranjeros o apátridas, lo que incluye protegerlos de la violencia y la explotación. El Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (núm. 182) de la OIT proporciona un marco práctico para la protección de los niños y las niñas, incluidos los migrantes, frente a las formas más graves de explotación.
Por su parte, la Hoja de Ruta para Lograr la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil para 2016, adoptada en La Haya en 2010, insta a los Gobiernos a “considerar medidas para abordar la potencial vulnerabilidad de los niños, en particular, a las peores formas del trabajo infantil, en el contexto de los flujos migratorios”.
El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes subrayó la obligación de los Estados de “garantizar la protección de todos los niños en todas las etapas del proceso migratorio”.
Estos instrumentos jurídicos y declaraciones políticas establecen un fundamento sólido para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la infancia. Además, brindan una oportunidad estratégica para integrar la protección de la infancia frente a la violencia como un componente central de la agenda de políticas nacionales, velando por que se preste una atención sistemática y primaria al interés superior de los niños y las niñas.
Al mirar hacia el futuro y reflexionar sobre el enfoque que hay que adoptar para crear un entorno de protección para los niños y niñas migrantes, es fundamental reconocer un punto clave: muchos niños y jóvenes optan por abandonar voluntariamente el lugar en que viven (a menudo, en zonas rurales) con la esperanza de hallar mejores oportunidades en otro lugar. El proceso migratorio entraña muchos riesgos, pero también puede ofrecerles perspectivas más halagüeñas de desarrollo, de educación y, una vez cumplida la edad suficiente, de acceso al empleo.
Nuestro objetivo no puede ser frenar la migración voluntaria, sino más bien proporcionar un marco seguro para prevenir la violencia y la explotación, lo que incluye el trabajo infantil, y ayudar a los niños y niñas a tomar decisiones fundamentadas.
Para lograr este propósito, hay una serie de principios que no podemos perder de vista:
Todos los niños y niñas, incluidos los que migran, merecen que se respeten sus derechos fundamentales. En todas las decisiones, la consideración primordial tiene que ser el interés superior del niño o la niña. No se trata de un gesto de benevolencia, sino de una obligación jurídica.
El caso de cada niño o niña es único, por lo que debe examinarse teniendo en cuenta la edad y las necesidades especiales de estos y sus circunstancias específicas. Además, el enfoque adoptado para abordar cada caso debe contemplar las opiniones, perspectivas y experiencias del niño o la niña.
A la hora de elaborar leyes, políticas y normas sobre migración, resulta esencial basarse en normas internacionales de derechos humanos, en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, los Convenios de la OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (núm. 138) y sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (núm. 182), así como los Protocolos contra la Trata de Personas y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
No obstante, sigue existiendo un gran escollo: la falta de datos e investigaciones sobre los niños y niñas migrantes, situación que los deja fuera del debate sobre la migración. Como reconoció el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, la carencia de información estadística sobre la población infantil involucrada en el proceso migratorio compromete la formulación de leyes, políticas, programas y presupuestos destinados a proteger los derechos de los niños y las niñas en este contexto.
Por último, con independencia de que las corrientes migratorias sean internas o transfronterizas, la cooperación internacional resulta crucial tanto para prevenir las migraciones con riesgos como para proteger los derechos de los niños y niñas en tránsito, y también para formular una respuesta en materia de gobernanza bien coordinada de país a país y entre múltiples países.
Marta Santos Pais
Nueva York, 17 de mayo de 2011