La protección de la infancia frente a la violencia constituye un imperativo de derechos humanos

La protección de la infancia frente a cualquier forma de violencia es un derecho fundamental que ampara a todos los niños y las niñas, en todo momento y en todo lugar, y que la comunidad internacional se ha comprometido solemnemente a preservar. Por desgracia, la violencia sigue constituyendo un azote para millones de niños y niñas en todo el mundo. Dificulta su desarrollo, su capacidad de aprendizaje y su rendimiento escolar; inhibe las relaciones positivas; provoca baja autoestima, angustia emocional y depresión; y, a veces, desemboca en la adopción de comportamientos temerarios, autodestructivos o agresivos. Además, la violencia está asociada a gravosos costos económicos para la sociedad, por cuanto conduce a una merma del capital humano y dificulta el desarrollo social.

Las investigaciones disponibles nos permiten concluir que, cada año, hasta 1.500 millones de niños y niñas en todo el mundo sufren alguna forma de violencia; esta ocurre en cualquier contexto, incluso en aquellos que los niños y las niñas deberían gozar de un entorno seguro y una protección especial: las instituciones dedicadas a su cuidado, la escuela y el hogar. Los niños y niñas más pequeños corren un riesgo especialmente elevado, pues tienen menor capacidad para contar lo que les pasa y buscar apoyo, y por ende son más susceptibles de sufrir daños emocionales y físicos de carácter irreversible.

Pese a alcanzar proporciones epidémicas, la violencia contra la infancia sigue siendo un fenómeno que acontece en la sombra y tiene una cierta aceptación social. A menudo, se percibe como un tabú social o una forma necesaria de disciplina. Rara vez se denuncia, por lo que las estadísticas oficiales difícilmente pueden reflejar su magnitud e incidencia. A menudo, los autores son personas conocidas y de confianza de los niños y las niñas, por lo que estos sienten una presión expresa o tácita que los lleva a ocultar lo que les pasa. Se trata de un fenómeno generalizado envuelto por una cultura de silencio, secretismo e indiferencia social, que, además, allana el camino a una impunidad generalizada.

Urge que invirtamos esta dinámica. La protección de la infancia frente a la violencia debe dejar de ser una preocupación minoritaria y convertirse en una prioridad para todos.

Para hacer frente a las dramáticas consecuencias de la violencia en la población infantil, las Naciones Unidas llevaron a cabo un estudio mundial sobre la violencia contra los niños y niñas y, en 2009, crearon el nuevo cargo de Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños a fin de mantener este tema en un lugar destacado de la agenda de políticas y promover la adopción de medidas estables con las que prevenir y combatir los casos de violencia.

La violencia supone una amenaza para los derechos humanos de millones de niños y niñas. Sin embargo, es evitable; de hecho, se puede prevenir e incluso eliminar de manera efectiva.

Teniendo esto presente, en mi mandato como Representante Especial del Secretario General, subrayo que urge que cada país elabore una estrategia nacional sobre la violencia contra la infancia que cuente con la coordinación y los recursos necesarios para resultar eficaz; que se fomente la promulgación y aplicación de leyes que prohíban todas las formas de violencia contra los niños y las niñas, dondequiera que ocurran, lo que también incluye el hogar; y que se consoliden los datos y las investigaciones sobre esta lacra para que deje de ser invisible, los cuales servirán de base para formular leyes y políticas que permitan erradicarla de manera efectiva.

Con una firme determinación política, otorgando a la protección de la infancia frente a la violencia protagonismo en el debate público y centralidad en las agendas políticas nacionales, podemos construir un mundo en el que la violencia no tenga cabida alguna.

Marta Santos Pais

Nueva York, 4 de febrero de 2011