Por qué la protección de la infancia frente a la violencia debe ser uno de los ejes centrales de la agenda mundial de desarrollo sostenible
La protección de los niños y las niñas contra todas las formas de violencia debe figurar en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. Su omisión no es una opción para la comunidad internacional.
De hecho, la erradicación de la violencia resulta indispensable para lograr un futuro sostenible en que los niños y las niñas puedan crecer con buena salud, una alimentación apropiada, resiliencia, una educación adecuada, respeto por las particularidades culturales y protección frente al abuso y la desatención. Un futuro en el que la equidad y el progreso social sean una realidad para todos los miembros de esta gran familia que llamamos humanidad.
A pesar de los importantes progresos realizados en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los países que sufren el flagelo de la violencia han quedado rezagados y registran un mayor riesgo de pobreza y malnutrición, así como peores niveles en lo que respecta a la mortalidad en la niñez, la escolarización de la población infantil y la salud.
No obstante, la comunidad internacional puede invertir esta tendencia incluyendo la protección de la infancia frente a la violencia como una prioridad bien definida en la agenda mundial para el desarrollo después de 2015.
La violencia, una lacra soterrada, omnipresente y socialmente aceptada, sigue siendo un azote para millones de niños y niñas en todo el mundo. No conoce fronteras geográficas, culturales, sociales o económicas, y ocurre en entornos en que la población infantil debería hallar la máxima protección: en las instituciones encargadas de su cuidado, en las del sistema de justicia, en las escuelas y también en el propio hogar.
Presenciar actos de violencia; ser víctima de desatención; sufrir traumas, intimidación, humillaciones y agresiones físicas; y ser objeto de abuso y explotación: todas ellas son circunstancias tristemente habituales que se suceden, sin solución de continuidad, en la vida de niños y niñas.
Sus consecuencias suelen ser irreversibles, especialmente en el caso de los niños y niñas más pequeños, que tienen menos capacidad para buscar apoyo y una mayor probabilidad de padecer daños emocionales y físicos de largo alcance. Esto puede poner en peligro su maduración cerebral y conducirlos a la adopción de unos patrones de apego inseguro, además de aumentar el riesgo de que desarrollen comportamientos agresivos y autodestructivos en etapas posteriores de su vida.
La violencia va de la mano de la privación, lo que genera un caldo de cultivo propicio para la mala salud, un desempeño escolar deficiente, una dependencia a largo plazo de los servicios sociales y una profunda sensación de temor.
La violencia no solo perjudica a las personas que son víctimas de ella, sino también al progreso social y al desarrollo sostenible. Aparece frecuentemente ligada a una situación de precariedad del estado de derecho, aplicación deficiente de la ley y elevada incidencia de la delincuencia organizada y de los homicidios, así como a una cultura de impunidad. Además, la violencia trae aparejados costos de gran magnitud para la sociedad, al desviar miles de millones de dólares del gasto social, frenar el desarrollo económico y erosionar el capital humano y social de las naciones. En pocas palabras: la violencia puede arrasar con avances sociales y económicos que tardaron años y decenios en conquistarse.
El desarrollo social y económico sostenible de las naciones no es factible en toda su plenitud a menos que se ponga fin a la violencia. El proceso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ya se encargó de enseñarnos que la falta de un objetivo, una meta o un indicador claros comprometía las iniciativas no solo de movilización de acciones y apoyos, sino también de seguimiento de los progresos logrados en materia de protección de la infancia frente a la violencia. Y que esto, a su vez, ponía en peligro el avance en los objetivos de desarrollo conexos.
En esta ocasión, es posible suplir de manera efectiva esta carencia incluyendo la erradicación de la violencia contra los niños y las niñas como una prioridad clara en la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015.
En realidad, la violencia contra los niños y las niñas no es un tema nuevo en la agenda de desarrollo. Se trata de una dimensión fundamental del derecho a una vida liberada del temor, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y puesto de relieve en la Declaración del Milenio y en el proceso iniciado posteriormente.
La Declaración del Milenio reafirmó el derecho de los niños a ser criados con dignidad y libres del temor a la violencia y expresó su determinación de no escatimar esfuerzos en la lucha contra la violencia.
Un decenio después, la Cumbre del Milenio expresó su compromiso de fortalecer los sistemas de protección infantil, mejorar la rendición de cuentas, así como prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
En el período de preparación de la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, existe un acuerdo cada vez mayor sobre la necesidad de llevar a término la labor inconclusa propuesta en los Objetivos de Desarrollo del Milenio garantizando la incorporación explícita de la protección de la infancia frente a la violencia en la agenda de desarrollo.
Como se subraya en el informe de las Naciones Unidas titulado “El Futuro que Queremos para Todos”, la prevención y reducción de todas las formas de violencia y de abusos —y la protección contra sus múltiples manifestaciones— deberían formar parte de la agenda para el desarrollo después de 2015.
El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo Después de 2015 se hizo eco de esta inquietud, reconociendo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio permanecieron mudos ante los efectos devastadores de la violencia sobre el desarrollo y no se centraron lo suficiente en llegar a las personas más pobres y excluidas. Como subrayó el Grupo de Alto Nivel, “[e]l derecho a vivir en paz, sin conflictos ni violencia es el derecho humano más básico y el fundamento esencial para la construcción de sociedades pacíficas y prósperas”.
La protección de la infancia frente a la violencia también se ha planteado como una preocupación especial en las numerosas consultas nacionales celebradas en todo el mundo con el fin de elaborar la agenda global para el desarrollo después de 2015. En el informe “Un millón de voces: el mundo que queremos”, se subrayan la ausencia de seguridad personal y de paz como el problema más urgente al que se enfrentan personas de todos los rincones del planeta. La desigualdad y la falta de políticas para la infancia y la juventud se diagnostican como factores determinantes de la violencia; y la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños y las niñas se reconoce como un eje fundamental de la agenda de desarrollo.
Del mismo modo, esta preocupación se reafirma en el importante proceso intergubernamental en curso, cuyas partes reiteran su firme compromiso de prevenir y combatir la violencia en las escuelas y en los espacios públicos; de poner fin a la violencia contra las niñas y a los incidentes relacionados con el matrimonio infantil, precoz y forzado; de reducir la delincuencia, la violencia y la explotación de la infancia, así como eliminar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y velar por una cultura de la no violencia. Además, se reclaman instituciones y sistemas de justicia eficaces y transparentes que rindan cuentas, elementos cruciales para preservar el derecho de los niños y las niñas a no ser víctimas de la violencia y para combatir la impunidad.
Sin duda, existe un amplio consenso sobre la necesidad de garantizar que la protección de los niños y las niñas frente a la violencia ocupe un lugar central en la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015.
Por lo tanto, la cuestión fundamental radica en hallar la forma óptima de suscitar acciones y aprovechar los avances logrados en los años venideros. En este proceso, hay tres medidas cruciales a las que no es posible renunciar:
En primer lugar, la protección de los niños y las niñas frente a la violencia, incluidos los más vulnerables y marginados, debe formularse como una prioridad explícita y reconocerse como una preocupación intersectorial en todos los ámbitos de acción pertinentes de la agenda mundial de desarrollo. Este proceso debe venir apoyado por sistemas de protección de la infancia inclusivos, sostenibles y debidamente financiados, así como una sólida inversión para garantizar el acceso universal de la población infantil a los servicios sociales básicos y ayudar a las familias con el cuidado y la protección de los niños y niñas a su cargo.
En segundo lugar, la comunidad internacional ha de poder cuantificar lo que más valora. Es fundamental promover la formulación de objetivos, metas e indicadores concretos para suscitar avances en esta importante agenda y hacer un seguimiento de ellos, partiendo, para ello, de la sólida experiencia de las Naciones Unidas, el mundo académico y los países de todas las regiones.
En tercer lugar, es imperativo tener en cuenta la perspectiva de los más afectados: la población infantil y joven. Su mensaje destierra toda duda sobre la importancia que debe darse a la erradicación de la violencia. Sin embargo, también necesitan una cuota de participación real a la hora de trazar el camino a seguir; y no como interlocutores ocasionales, sino como verdaderos aliados y agentes del cambio.
Confío en que continuaremos sumando esfuerzos en los próximos meses para lograr que la protección de los niños y las niñas frente a cualquier forma de violencia, en todo lugar y en todo momento, se convierta en uno de los ejes centrales de la agenda mundial de desarrollo. No se trata solo de un imperativo ético y de derechos humanos, sino también de una cuestión de buena gobernanza y buen criterio económico.
Marta Santos Pais
Nueva York, 24 de abril de 2014