Seis medidas para poner fin a la violencia contra los niños y niñas
En 2014, con motivo del 25º aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la protección de la infancia frente a la violencia ha adquirido un protagonismo cada vez mayor en el panorama internacional. Se han producido cada vez más reformas legislativas y normativas a este respecto, además de mejoras en los sistemas de protección infantil. Sin embargo, aun congratulándonos por estos notables logros, hemos de reconocer que los progresos han sido demasiado lentos, desiguales y fragmentarios para constituir un avance verdaderamente importante. El riesgo de violencia sigue acechando a los niños y las niñas en cualquier entorno, incluidos aquellos que deberían brindarles el máximo grado de seguridad: las escuelas, las instituciones dedicadas a su cuidado, el sistema de justicia y el hogar.
La erradicación de la violencia contra los niños y las niñas constituye, además de un imperativo ético, una medida racional desde una perspectiva económica. La violencia contra los niños y las niñas no solo afecta a las víctimas y a sus familias, sino que también entraña un costo con amplias repercusiones para la sociedad en su conjunto: por causa de esa violencia, se desvían miles de millones de dólares del gasto social, lo que ralentiza el desarrollo económico; se erosiona el capital humano y social; y se limitan drásticamente las posibilidades de que los niños y las niñas desarrollen todo el potencial, lo que se traduce en enormes pérdidas para la sociedad.
Por todo ello, se precisan medidas urgentes. He aquí una propuesta con seis medidas clave que los países pueden adoptar para cumplir su compromiso de poner fin a la violencia contra la infancia.
Desarrollar una estrategia nacional, centrada en la infancia, integrada, multidisciplinaria y con plazos definidos para hacer frente a la violencia contra los niños y las niñas.
Acometer todos los pasos necesarios para integrar la protección de la infancia frente a la violencia en todos los niveles de gobierno e incorporarla al programa nacional de desarrollo como componente central. Garantizar que los profesionales pertinentes estén debidamente formados en mecanismos de prevención y respuesta adaptados a las necesidades de la población infantil, y que reciban orientación sobre cómo prevenir y denunciar casos de violencia y responder a la misma. Y un aspecto esencial: suministrar la financiación necesaria para que todas estas iniciativas lleguen a buen puerto.
Promulgar una norma que prohíba expresamente la violencia contra la infancia, respaldada por mecanismos que velen por su cumplimiento efectivo.
La prohibición legal de la violencia contra la infancia debería contemplar todas las manifestaciones de este fenómeno, incluida la que aparece en nuevos entornos y que se basa en el abuso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Los Gobiernos deben invertir en mecanismos que velen por el cumplimiento de la ley, en sistemas judiciales receptivos a las necesidades de las familias y de la infancia, y en sistemas y servicios sólidos y eficaces de protección de los niños y las niñas.
Incrementar las iniciativas que fomenten el repudio social de la violencia contra la infancia.
La erradicación de la violencia contra los niños y las niñas exige cambiar actitudes y comportamientos profundamente arraigados que la toleran, especialmente como método para inculcar disciplina en el seno de la familia, así como en los entornos escolar e institucional. Se pueden superar las creencias afianzadas que aceptan la violencia movilizando a todas las partes interesadas, incluidos los líderes comunitarios y religiosos, para crear conciencia sobre este tema y construir un nuevo paradigma sobre normas sociales positivas.
Garantizar la inclusión social de las niñas y los niños que corren especial riesgo en los mecanismos de prevención de la violencia contra la infancia y de respuesta ante este fenómeno.
Hay que prestar apoyo a las familias para que puedan cuidar adecuadamente a los niños y niñas que tienen a su cargo. Así, se contribuirá a prevenir el abandono de niños y a acabar con su internamiento en instituciones de asistencia residencial en las que pueden correr un riesgo aún mayor de sufrir actos de violencia. Este hecho es particularmente importante para los niños y niñas menores de tres años, cuyo desarrollo puede correr serio peligro por la institucionalización. La inversión en la parentalidad positiva, en los sistemas de protección social y en el cuidado y el desarrollo de la primera infancia debe recibir una atención y financiación prioritarias.
Crear o mejorar sistemas de datos bien estructurados y pruebas sólidas para prevenir la violencia contra los niños y las niñas, así como para responder ante ella.
Es preciso elaborar instrumentos e indicadores de seguimiento que abarquen a todos los niños y niñas, con independencia de su edad y procedencia. El registro universal de los nacimientos constituye el ingrediente primordial de un sistema de seguimiento eficaz.
Sumarse a las iniciativas de otros Gobiernos para garantizar que la protección de los niños y las niñas contra la violencia se incorpore como elemento central de la agenda para el desarrollo después de 2015.
En un momento en que la comunidad internacional decide la futura agenda mundial de desarrollo y formula los Objetivos de Desarrollo Sostenible para después de 2015, combatir la violencia contra los niños y las niñas, incluidos los más vulnerables y marginados, debe convertirse en una prioridad y reconocerse como un asunto intersectorial. La agenda posterior a 2015 debe incorporar metas explícitas sobre la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia, además de indicadores y mecanismos de seguimiento claros.
Para prevenir y poner fin a la violencia contra los niños y las niñas, se requiere un esfuerzo global a una escala sin precedentes que involucre a dirigentes políticos y ciudadanos de a pie, así como a los niños y los jóvenes. Este año, en que se conmemora el 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, nos brinda una oportunidad inigualable para dar impulso a este esfuerzo y situar la protección de la infancia frente a la violencia en el corazón mismo de la agenda política.
Marta Santos Pais
Nueva York, 23 de octubre de 2014