Los niños en tránsito a causa de la violencia son, ante todo, niños
La movilidad geográfica ha sido una constante en el desarrollo humano. Sin embargo, en la actualidad, la violencia generalizada, los conflictos armados, los delitos violentos, la inseguridad alimentaria y la degradación ambiental han alcanzado tales cotas que estamos siendo testigos de unos flujos masivos de población sin precedentes en todo el mundo. Muchas personas en tránsito no han cumplido todavía los 18 años: son niñas y niños forzados a abandonar sus casas y sus comunidades para huir de la violencia y la opresión o para buscar cobijo y protección en otro lugar. Obligados a emigrar o a solicitar asilo fuera de su país, se exponen a sufrir la violencia y la explotación durante el viaje y al llegar a su destino, si es que consiguen llegar. Otros en cambio terminan siendo devueltos a sus países de origen, donde habrán de enfrentarse una vez más a las circunstancias que los llevaron a abandonar su hogar, e incluso podrían sufrir represalias por haber tomado esa decisión. Dicho de otro modo, estos niños viven inmersos en un aterrador ciclo de continua violencia al que, en muchos casos, las autoridades no pueden o no quieren poner fin. Dadas las distancias que recorren en su huida, estos niños se exponen a quedar muy rezagados. Para ellos, la visión de la Agenda 2030 parece lejana e ilusoria.
Proteger a los niños de la violencia es un imperativo ético y jurídico. Para las niñas y niños en tránsito, este ciclo de violencia continua que condiciona sus experiencias, desde su lugar de origen hasta su destino, debe transformarse en otro de protección continua. Ese fue el principal motivo de preocupación que se abordó en la consulta de expertos organizada en México, en junio de 2017, por la Oficina del Representante Especial del Secretario General (ORESG) sobre la Violencia contra los Niños y la Universidad Iberoamericana, en cooperación con los asociados de las Naciones Unidas, las instituciones académicas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias. En el presente informe se analizan los resultados de esta consulta y se examinan las leyes y políticas vigentes, especialmente en Europa y América Latina. El informe recoge además las contribuciones especiales de varios agentes clave en la promoción y protección de los derechos humanos de los niños en tránsito. Cabe destacar que, en su redacción, también se tuvo en cuenta la perspectiva de la infancia en base a las conclusiones de un sondeo de U-Report sobre la percepción que los niños y los jóvenes de ambos sexos tienen de las niñas y niños en tránsito. En el cuadro X figura un resumen de estas conclusiones y en el apéndice se presentan todos los resultados del sondeo.
Con las normas internacionales como guía, es crucial salvaguardar los derechos de todos los niños que queden bajo la jurisdicción del Estado, incluidos los niños solicitantes de asilo, los refugiados, los migrantes y los apátridas. Si se quiere garantizar efectivamente el respeto de estos derechos, habrá que reforzar y promover, también mediante la asignación de recursos, las instituciones de protección infantil a las que pueden ser derivados los niños en tránsito; velar por el cuidado y la seguridad de esos niños, y determinar a qué riesgos se enfrentan para poder abordarlos; combatir la impunidad; y promover soluciones que sean sostenibles. La elaboración de los pactos mundiales sobre los refugiados y para una migración segura, ordenada y regular ofrece una oportunidad estratégica para avanzar en la adopción de estas medidas cruciales.
Dada la escala y complejidad de las cuestiones que afectan a los niños en tránsito, este informe incide especialmente en algunos aspectos estratégicos fundamentales. Por ejemplo, aunque tiene en cuenta la situación de los niños que cruzan fronteras internacionales, con independencia de su condición y sus motivaciones, no hace alusión a las circunstancias concretas de los niños que son desplazados internos, a pesar de que estos se enfrentan en muchos casos a los mismos desafíos que los migrantes y los refugiados internacionales.
El presente informe ofrece un panorama general de los riesgos que corren los niños en tránsito, al tiempo que dedica especial atención a la situación en América Central y Europa. La región europea ha tenido que responder a flujos masivos de refugiados y migrantes prácticamente a todos los niveles: moral, económico, político y logístico. Y pese a la existencia de normas regionales de derechos humanos y las leyes nacionales en este ámbito, en muchos casos no se han respetado los compromisos humanitarios contraídos con las personas en movimiento, entre ellas los niños. En América Central, la violencia sin precedentes protagonizada por delincuentes y bandas criminales en las comunidades locales, y también en las escuelas, está expulsando a niñas y niños de sus hogares en El Salvador, Guatemala y Honduras. Muchos viajan hacia el norte con destino a México, mientras otros intentan, en medio de peligros, cruzar la frontera y entrar en los Estados Unidos de América (EE. UU.), a menudo a manos de tratantes o contrabandistas. Al mismo tiempo, varios países de América Central y América del Sur dieron un paso positivo al introducir importantes leyes nacionales que velan por la protección de los niños en tránsito, un hecho que se analiza detalladamente en este informe.
Conviene recordar que las víctimas infantiles de la violencia que se ven forzadas a abandonar su hogar, como migrantes, solicitantes de asilo o refugiados, son ante todo niños, y como tales tienen el derecho a disfrutar de todos los derechos y protecciones que les reconocen las normas internacionales.
Marta Santos Pais,
Nueva York, 11 de abril de 2018